Arizona busca frenar nueva ley estatal de deportaciones

A mediados de julio entró en vigor una ley estatal en Arizona que convierte el cruce fronterizo fuera de los puertos de entrada oficiales en un delito sancionado con cárcel y deportaciones. Ante esta medida, organizaciones de derechos civiles interpusieron una demanda ante las cortes, argumentando que se vulnera la Constitución al atribuirse funciones exclusivas del gobierno federal. Con los detalles del litigio y las reacciones de los afectados, Elvia Díaz preparó este reporte desde Phoenix. 

Esto es una transcripción del audio

Eso es lo que en la práctica hace la Prop. 314 en Arizona, dice Victoria López, directora de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU). 

“Convierte el sistema legal en el estado de Arizona en un sistema de detención y deportación, y las cortes han determinado en varios casos que eso es inconstitucional”.

Por eso, de inmediato junto al Proyecto Florence interpusieron una demanda federal en Arizona para frenarla.

La Proposición 314, aprobada por los votantes del estado en 2024, obliga a verificar la ciudadanía para recibir ciertos beneficios públicos, castiga el fraude en dichas solicitudes, endurece las penas por la venta de fentanilo y convierte el cruce ilegal en un delito estatal. Esta última parte, conocida como Sección 5, estuvo congelada hasta ahora después que una ley similar entró en vigor en Texas.

“Y no solamente crea un delito estatal, sino también crear todo un sistema de deportación”.

Mónica Cordero-Vázquez representa al Proyecto Florence. 

“Ahora, la policía local y estatal podría arrestar obviamente por la entrada ilegal. Y los jueces estatales podrían encontrar a la persona culpable por el delito o la falta criminal. Además, podrían ordenar la deportación de la persona, incluso sin que se encuentre culpable”.

Otra de las preocupaciones es que abre la puerta a más discriminación racial.

“Sabemos que muchas personas que son discriminadas por su apariencia, por cómo hablan, o por el trabajo que realizan. Realmente eso abre la puerta a muchas, muchas violaciones de sus derechos, del debido proceso, de que no se hagan valer las leyes que el Congreso ha aprobado”.

Y las posibilidades de encuentros con agentes de ICE o de la policía son muchas. En Arizona viven más de 2 millones de latinos, en su mayoría de origen mexicano. En la metrópolis de Phoenix se estima que viven más de 200 mil inmigrantes indocumentados que trabajan en todo tipo de industrias, desde la construcción, a los servicios hoteleros.  

Algunos de los más vulnerables son los que buscan empleo en lugares de construcción o day laborers, dice Salvador Reza, un veterano organizador comunitario que destacó lo siguiente:

“Es peor que la 287g, ¡peor!, porque ahora permite que un juez del estado, o hasta de la ciudad, ponga una orden de deportación cuando en realidad ellos no son federales”.

Con sus propias palabras, el jornalero Claudio afirmó:

“La única opción que tenemos es venir a buscar trabajo aquí, de cualquier cosa que salga, en Home Depot.“

Claudio, quien vive con mucha ansiedad y el “Jesús en la boca”, dice que esa es la única forma que tiene para sostener a su familia, ya que no ha podido regularizar sus situación migratoria.

“No tenemos documentos para ir a una empresa, o una fábrica, o cualquier institución que nos pueda ayudar y darnos un trabajo digno”.

No es la primera vez que Arizona enfrenta una batalla legal de este tipo, dice Victoria López, directora de ACLU y quien tiene esperanzas de que, como en el pasado, las cortes hagan valer la Constitución.  

“En 2010, la SB 1070 llegó hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos, donde ésta decidió que la mayoría de la ley es inconstitucional”.

La decisión final sobre la suerte de la cláusula 5 de la ley estatal 314 podría tener repercusiones más allá de Arizona.

Para la Edición Semanaria de Noticiero Latino desde Phoneix, Elvia Díaz.