Vuelven a ser noticia los inmigrantes y el crédito tributario por hijo, que es el crédito rembolsable aprobado por el Congreso en 1998 para impedir que los niños caigan en la pobreza. En esta ocasión, las afirmaciones que se están haciendo son aun más exageradas y engañosas que antes. Recientemente, los Senadores David Vitter (R-LA) y Marco Rubio (R-FL) presentaron leyes por separado que tienen por objeto limitar la elegibilidad al crédito fiscal y están politizando el tema de forma activa a la vez que presionan por el voto en el Senado. Supuestamente, estos proyectos de ley pretenden impedir que las personas indocumentadas reciban el crédito fiscal por hijos.

Estos dos legisladores justificaron el nuevo ataque al crédito rembolsable basándose en parte en la representación de un solo preparador de impuestos - autoproclamado denunciante – quien afirma que el fraude está generalizado en el programa. De manera consciente o muy probablemente de manera inconsciente, la historia que contó este supuesto denunciante es también un reconocimiento de que él mismo cometió un fraude fiscal evidente y flagrante, lo cual es un delito grave penado con una sanción de hasta tres años de privación de libertad y una multa de 250,000 dólares.

Teniendo en cuenta las afirmaciones del preparador de impuestos sobre el abuso programático y dado su propio reconocimiento del fraude, es de suponer que estos senadores estarían enfocados en su erradicación. Sin embargo, ninguno de los proyectos de ley aborda la cuestión del fraude o el abuso del programa.

Por el contrario, Vitter y Rubio han empleado la clásica táctica de atraer con señuelo para luego engañar. Han utilizado las inquietudes que existen sobre el abuso (inquietudes que ellos mismos han ayudado a sensacionalizar) para justificar una agenda totalmente diferente: la restricción drástica de la elegibilidad de millones de hijos de familias de bajos ingresos.

Seamos claros. El argumento central que se utiliza para justificar estos proyectos de ley es que los contribuyentes indocumentados han reclamado ilegalmente miles de millones de dólares en créditos fiscales. Es claramente demostrable que ese argumento es falso, como se describe más abajo en la destrucción de los cuatro mitos principales sobre los inmigrantes y el crédito tributario por hijos.

Mito No. 1: en el 2010 los contribuyentes indocumentados reclamaron ilegalmente 4,200 millones de dólares en créditos tributarios por hijos

El Congreso aprobó por primera vez en 1997 el crédito tributario por hijos con el apoyo abrumador de la mayoría republicana como parte de la Ley de Alivio Tributario, crédito tributario por hijos que está destinado a beneficiar a los hijos y a ayudar a impedir que estos caigan en la pobreza. El derecho a solicitar el crédito está vinculado al hijo y no al padre. El hijo por el que se reclama el crédito debe ser menor de 17 años, ser dependiente legal del contribuyente, haber vivido con el contribuyente durante más de la mitad del año y ser ciudadano estadounidense, haber nacido en los EE.UU o ser un extranjero residente. El código fiscal requiere de forma explícita la documentación de la ciudadanía o residencia del hijo, pero no la del reclamante.

Los trabajadores indocumentados que pagan impuestos de nómina y declaran sus impuestos utilizando un Número de Identificación Individual de Contribuyente, o ITIN (que se utiliza para personas que no son elegibles para recibir números de Seguro Social a efectos de declarar impuestos federales), no están cometiendo fraude al reclamar el crédito tributario por hijos a nombre de sus hijos que viven con ellos en los EE.UU. De hecho, están cumpliendo tanto con la letra como con el espíritu de la ley.

Mito No. 2: El dinero de los contribuyentes se les está dando a niños que viven en otros países o a hijos que no son dependientes de los reclamantes.

Los formularios de impuestos que deben presentarse para reclamar el crédito tributario por hijos exigen la entrega del número de Seguro Social del hijo o su ITIN como prueba de que es ciudadano estadounidense, nacido en los EE.UU. o extranjero residente. También, el hijo debe haber vivido con el contribuyente durante más de la mitad del año para ser elegible a obtener el crédito. Además, si más de un declarante trata de reclamar por el mismo hijo, se activa una auditoría automática por parte del Servicio de Rentas Internas (IRS por sus siglas en ingles). No existe evidencia de que se presenten con frecuencia las susodichas reclamaciones dobles y, de presentarse, se resolverían a través de una auditoria ejecutoria. Asimismo, cuando los declarantes tratan de reclamar deducciones sospechosas como la reclamación de un gran número de dependientes, las declaraciones de impuestos se señalan para auditoria. Es probable que una reclamación de esa índole hecha por un declarante de bajos ingresos sea revisada antes de que se administre el rembolso.

De haber casos en los que un contribuyente reclama créditos a nombre de hijos que viven fuera de los EE.UU. o que están siendo reclamados por otras personas, eso es un abuso del programa y debe ser sancionado mediante medidas coercitivas por parte del IRS. La posible existencia de algún fraude o abuso no justifica que se restrinja un programa que ha evitado de forma eficaz que los niños de bajos recursos caigan en la pobreza. Es más, existen abusos generalizados y más costosos en otras áreas del código tributario.

Mito No. 3: Los inmigrantes indocumentados están recibiendo enormes cheques de rembolso debido al crédito tributario por hijos y se están enriqueciendo gracias a eso.

El ingreso familiar promedio de los declarantes sin número de Seguro Social que reclamaron el rembolso adicional por crédito tributario por hijos en 2010 fue de unos $21,240, menos de la mitad del ingreso medio en los EE.UU el año pasado. Y, según el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el reembolso promedio por crédito tributario por hijos fue de unos $1,800, lo cual exigiría tener por lo menos dos hijos dependientes. Incluso para las familias de bajos ingresos y las que viven en comunidades rurales, el costo anual de la crianza de un hijo es de unos $10,000 por año, de modo que cualquier afirmación de que los inmigrantes se están “haciendo ricos” es, en el mejor de los casos, errónea.

Si la inquietud real es que el fraude o abuso tributario está drenando las arcas del Tesoro, es curioso que los Senadores Vitter y Rubio hayan decidido centrar su atención en este programa en particular. En el mejor de los casos, el abuso ascendería a millones de dólares en ingresos perdidos, que es solo una pequeña cantidad de los $4,200 millones de los declarantes de impuestos con un ITIN. Con todo, eso no quiere decir que el monto sea insignificante y todos podemos convenir en que cualquier caso de fraude debería erradicarse necesariamente. Pero si lo que preocupa es la cuenta bancaria de la nación, tendría mucho más sentido priorizar la recuperación de los ingresos comerciales y corporativos no reportados, que ascendieron a más de $170,000 millones en el 2006 (el último año sobre el que hubo datos).

Mito No. 4: La única forma de evitar el abuso del crédito tributario por hijos es restringir la elegibilidad solo a hijos ciudadanos o hijos de padres ciudadanos.

Los proponentes de la restricción de la elegibilidad al crédito fiscal por hijo quieren tirar al bebé junto con el agua de baño, atacando un crédito que ha sido diseñado para ayudar a las familias de bajos y moderados ingresos y no para perseguir su uso fraudulento. Además, restringir la elegibilidad afectaría de manera grave y desproporcionada a las personas de color. Por ejemplo, es más probable que los hijos de latinos vivan en la pobreza que cualquier otro grupo racial o étnico y más de la mitad de los 6,1 millones de niños latinos que viven en la pobreza son hijos nacidos en los EE.UU. de padres inmigrantes. Empujar a un mayor número de niños aún más hacia la pobreza no seria la solución a nuestros problemas económicos.

Una forma más puntual de limitar el fraude sería exigirle a los que preparan los impuestos que pidan prueba de residencia del niño antes de presentar en forma electrónica una declaración de impuestos. La lucrativa industria de la preparación de impuestos debería llevar el peso de la obligación de documentar la residencia de los niños porque, en muchos casos, las personas que preparan los impuestos son culpables de que se presenten reclamaciones falsas. Exigirles a los que preparan las declaraciones de impuestos que pidan la documentación correspondiente no impondría ninguna carga al IRS y ayudaría al gobierno a asegurar que los que preparan los impuestos sean diligentes.

Conclusión

Lamentablemente, los intentos actuales de restringir la elegibilidad del crédito fiscal por hijos sigue una larga línea de propuestas que se encuentran actualmente ante el Congreso con el fin de compensar los gastos gubernamentales eliminando servicios que se prestan a los estadounidenses de bajos ingresos (en este caso a los hijos nacidos en los EE.UU. de padres inmigrantes) en vez de recurrir a los estadounidenses más ricos que pueden pagar más. Quitarle este importante programa a los niños que les ha tocado por casualidad tener padres indocumentados no será la solución al problema del fraude fiscal ni resolverá la crisis de la deuda, pero sí perjudicará de manera significativa a algunos de nuestros ciudadanos más vulnerables.

Marshall Fitz es Director de Política Inmigratoria del Center for American Progress. Sarah Jane Glynn es Analista de Política en el equipo de Política Económica del Centro.

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