Joe Arpaio y representantes del Departamento de Justicia se reunieron por primera vez esta semana desde que dicha entidad federal acusara en diciembre formalmente al alguacil de racista. Después de una larga investigación el gobierno federal determinó, entre otras cosas, que el alguacil y sus agentes violan sistemáticamente los derechos civiles de los latinos en el Condado Maricopa, Arizona. Como resultado, Arpaio no puede seguir verificando el estatus migratorio de sus reos.

Ambas partes se mostraron optimistas de poder solucionar los problemas, de lo contrario el  Departamento de Justicia vigilará de cerca todas las operaciones de Arpaio.