Kenneth  Nelson, ex director interino de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) fue reasignado como asesor en ciencia forense a la Oficina de Política Legal del Departamento de Justicia, indicó esta dependencia en un muy discreto comunicado que la prensa nacional se encargó de exaltar y vincular al operativo Rápido y Furioso. Nelson será reemplazado por Todd Jones, Fiscal General en Minnesota, reporta The Washington Post y las agencias, Reuters y Dpa.

Como se recordará, el Congreso había echado a andar hace meses una investigación sobre Rápido y Furioso, tras salir a la luz pública el controvertido programa en un reportaje de la cadena CBS, que sacudió al Departamento de Justicia.

El operativo intentaba rastrear las armas de alto poder que se compraban en algunos estados de este país, pero no permitir que llegaran a manos de los narcotraficantes mexicanos. Se trató de una estrategia que se salió de control y perdió la pista de más de mil 765 armas que terminaron llegando a manos del crimen organizado en el vecino país.

Los congresistas republicanos, Darrell Issa, de California y Charles Grassley de Iowa impulsaron dicha investigación, buscando demostrar la responsabilidad de los más altos niveles de la rama judicial presuntamente involucrados en el operativo, y han puesto al gobierno de Obama a la defensiva, que niega haber estado permitiendo intencionalmente que peligrosas armas cruzaran la frontera.

Durante una comparecencia del Departamento de Seguridad Interior, por ejemplo, el 9 de marzo pasado la titular de esta dependencia federal, Janet Napolitano respondió a los duros cuestionamientos del senador Grassley, quien recordó a la funcionaria federal que “el operativo provocó la muerte de muchas personas, y en particular -dijo Grassley-, la de un agente fronterizo en Arizona, en cuya escena del crimen aparecieron dos rifles de asalto rastreados por Rápido y Furioso”.

Otra arma rastreada por dicho operativo entró ilegalmente a México y fue usada por  miembros del narco mexicano para asesinar al agente de la Agencia de Inmigración y Aduanas, ICE, Jaime Zapata en febrero pasado, en el estado de San Luís Potosí.

Y de las más de mil 700 armas rastreadas que entraron a México con el beneplácito de las autoridades de la ATF, 195 están vinculadas a crímenes según un informe del Centro para la Integridad Pública de Estados Unidos.

En dicha audiencia del Congreso Napolitano se lavó las manos aduciendo no haber estado enterada del referido operativo, que permitió el tráfico ilegal de armas de alto poder hacia México; mejor dicho, hacia las manos del crimen organizado en el país vecino. Y en su oportunidad el Fiscal General de la Nación, Eric Holder hizo lo propio.

Una primera cabeza que sí rodó como resultado –hasta el momento- de dicha investigación del Congreso fue la del fiscal federal en Arizona, Dennis Burke, quien presentó ayer su renuncia. En una escueta misiva enviada al presidente Obama, aseguró que su labor como servidor público había sido "intensa, gratificante y muy demandante", por lo que “es el mejor momento –dijo- para dejar el puesto y que la oficina continúe su progreso bajo nuevo liderazgo”.

La oficina de Burke habría asesorado jurídicamente –según las fuentes citadas- para la realización del referido operativo Rápido y Furioso, que originó las investigaciones del Congreso y del Departamento de Justicia. Burke está siendo reemplazado de manera interina por su adjunto, Ann Scheel.

Sumando a otros oficiales de alto nivel ligados al desafortunado operativo, unos ocho funcionarios habían sido removidos o reasignados a distintas tareas en días pasados.

Sin embargo el senador Issa no está satisfecho con dichas remociones y opina que aun hay más preguntas que respuestas en este escándalo que cobró rápida y furiosamente una dimensión nacional y que ha provocado protestas del gobierno de México. Y afirma querer ir hasta el fondo en la investigación, junto con su correligionario Grassley hasta asegurar que el castigo se ejerza en los más altos niveles que condujeron esta operación y no sólo se castigue a los funcionarios de niveles medios y bajos del Departamento de Justicia.

Por su parte Eric Holder, fiscal general de Estados Unidos dio conocer los cambios sin hacer alusión alguna al escándalo de la referida operación, Rápido y furioso. "Tengo una gran confianza en que Todd Jones será una influencia fuerte y estable a la hora de guiar a la ATF para cumplir su misión de combatir el crimen violento aplicando las leyes criminales federales y las regulaciones en las industrias de armas y explosivos", dijo escu étamente Holder, refiriéndose al nuevo titular de la ATF.