Estamos fregados. Mientras en el resto del país se alzan las voces para desafiar y criticar al programa de deportaciones Comunidades Seguras, en Carolina del Norte no hay quien se atreva a cuestionarlo. Particularmente en Charlotte, donde el sheriff del Condado de Mecklenburg ha decidido utilizarlo como un complemento de la otra cabeza del monstruo, que es el 287g, mediante el cual ya se superó la cifra de diez mil indocumentados deportados, desde su establecimiento, en abril de 2006.  Ahora, el alguacil local también ha decidido que no publicará más, en el sitio de internet de la Cárcel Central de Charlotte, las fotografías y los datos de los detenidos que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), aloje en ese centro de detención.  En la explicación que dio su portavoz se señala que los detenidos, al ser procesados por ICE, no requieren pasar por el trámite de regular de ingreso a la cárcel.  Es decir: como si entraran por una puerta trasera y su estadía la pasaran de incógnitos en el principal centro de reclusión de la ciudad más populosa de Carolina del Norte.  Esto sin que las familias o los propios abogados puedan tener el acceso a la información del paradero de sus parientes o clientes.

No obstante, el problema de fondo ha sido la liviandad con la que se ha tomado la implementación de los programas de deportación en Charlotte y Carolina del Norte.  Desde Charlotte, en los tiempos del exsheriff Jim Pendergraph, se lanzó al estrellato, para todo el país, el programa de deportaciones 287g. Después con el invento de Comunidades Seguras, Carolina del Norte fue uno de los primeros estados de la nación en el que todos sus condados, en este caso cien, se apuntaron para colaborar con el plan masivo de expulsión de indocumentados.

El pasado miércoles 25 de mayo, en una conferencia telefónica de alcance nacional, varios alguaciles del país expresaron su inconformidad con Comunidades Seguras. El alguacil Patrick Pérez, del condado de Kane, en Illinois, dijo que Comunidades Seguras era un fracaso. Pérez contó que cuando empezó la participación de su departamento en el programa le explicaron que el propósito era expulsar del país a los criminales que se encuentran sin estatus migratorio. Sin embargo, el sheriff dijo que ese no ha sido el caso y que a través de Comunidades Seguras se ha estado deportando a individuos que han
cometido infracciones menores, como manejar un vehículo sin portar la licencia de conducir.  El sheriff Ed Prieto, del condado de Yolo, en California, compartió la opinión de Pérez, al señalar que gran parte de los deportados no han cometido otro desacato a la ley que estar en situación irregular en Estados Unidos.

Las propias estadísticas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) registran que el 60 por ciento de los deportados mediante Comunidades Seguras solo cometieron infracciones menores.  Otros estudios muestran que menos del 15 por ciento de los expulsados han sido delincuentes.  De acuerdo con datos recabados por la organización LEEI, que promueve el concepto de una reforma migratoria entre los agentes de la ley, en Virginia y California el 18 por ciento de los deportados fueron criminales reales.  En California, el alguacil de San Francisco, Michael Hennessey, anunció que desafiará a Comunidades Seguras, y que únicamente entregará a ICE a los que han cometido delitos graves.  Y en el mismo estado, en Los Ángeles, dos concejales han expresado que desean que esa ciudad deje de participar en el programa. El gobierno federal ha presentado a Comunidades Seguras como un proyecto exitoso que ha sacado del país a más de 70,000 criminales, pero hay quienes contradicen esa cifra.  Por el momento, en Carolina del Norte estamos esperando que alguien ose poner en tela de juicio los programas de deportación.

Rafael Prieto Zartha es director del semanario Qué Pasa-Mi Gente, en Charlotte, Carolina del Norte.