El ecuatoriano Marcelo Lucero caminaba la madrugada de este domingo pasado por la estación de tren de Patchogue, Long Island, cuando fue asaltado y asesinado de siete puñaladas y una tremenda paliza propinada por siete jóvenes que confesaron a la policía del condado de Suffolk tras su arresto antes de ayer, haber cometido este crimen porque odian a los latinos.

Lucero, un hombre de 37 años de edad, venido a Nueva York hace 16 años era un hombre soltero y affable, educado, de buen comportamiento moral según atestiguaron a los medios familiares y parroquianos de la zona que lo conocieron en vida; él se desempeñaba como empleado de una lavandería.  

“Y todo esto ocurre por el clima que se deriva de los discursos políticos sobre el tema migratorio”, opinaron líderes y abogados a la televisión local.

Los asesinos, Jeffrey Conroy, Jordan Dasch, Anthony Hartford, Nicholas Hausch, José Pacheco y Kevin Shea, todos de 17 años; y Christopher Overton, de 16 años fueron los responsables del crimen, todos de la raza blanca excepto uno de origen latino, confesaron que se hallaban jugando basquetbol cuando de pronto tuvieron la desgraciada idea de ir a buscar latinos para divertirse matándolos, declaró a la prensa local de Nueva York Richard Dormer, comisionado de la Policía del condado de Suffolk y quien se halla investigando recientes casos similares.

Así que no se trata del primer incidente de odio racial en dicha zona de Nueva York. Como se recordará, Noticiero Latino publicó oportunamente en este mismo espacio, durante los últimos dos años varios crímenes de odio racial que se han venido repitiendo en dicha localidad; destacamos aquí sólo dos, el de los dos jornaleros mexicanos salvajemente atacados, y el incendio a un hogar también mexicano, entre otras ‘perlas’ de este deshonroso collar de crímenes de odio perpetrados contra los inmigrantes latinos.

Líderes comunitarios han venido realizando en estos últimos días conferencias de prensa para denunciar el clima de odio racial que se respira en Long Island, donde este reportero escuchó de un parroquiano en una oportunidad, cubriendo uno de estos lamentables incidentes, que en esa zona se reúnen secreta y periódicamente miembros del Ku Klux Klan (KKK). Su existencia sin embargo no es secreta en Nueva York, pues en años pasados han protagonizado juicios legales donde demandan a la ciudad por ejemplo, para que se les permita desfilar con las capuchas puestas del KKK por las calles de Nueva York durante los desfiles, acogiéndose a la enmienda constitucional sobre la libre expresión y tránsito de los ciudadanos estadunidenses.

Líderes cívicos y religiosos que se han unido a la dolida e indignada familia de Lucero culpan públicamente no sólo a los jóvenes, de pandillas identificadas con la estética y filosofía neonazi, sino que también responsabilizan a los padres de estos muchachos hoy arrestados, que enfrentan cargos de crimen de odio racial en primer grado, y Conroy, quien declaró haber clavado el puñal siete veces en el pecho de Lucero también enfrenta el cargo de homicidio como crimen de odio en primer grado.

Un juez ordenó que Overton, otro de los asesinos quedara detenido bajo una fianza de 500 mil dólares, y los demás con fianza de 300 mil. Todos ellos tendrán que regresar a la corte el 14 de noviembre, según el diario/La Prensa de Nueva York.

El presidente de Justicia Latina/PRLDEF (Fondo Puertorriqueño para la Defensa Legal y la Educación en Nueva York), César Perales, quien representa legalmente a la familia de Lucero declaró a Noticiero Latino esta mañana que una de las razones de este tipo de crímenes de odio racial, que se repiten con tanta frecuencia en Long Island - y en otras partes del país-, obedece al inflamatorio debate sobre la inmigración de los políticos electos, o que buscan un puesto en el sistema gubernamental de esta nación.

“El condado de Suffolk, como muchos otros sitios en el país”, declaró Perales desde su oficina, “es un sitio donde los políticos toman ventaja de la situación que existe ente los inmigrantes y las personas que han vivido en esos pueblos por mucho tiempo”. El abogado se refiere a pueblos como Patchogue, Farmingville, Hampstead y otros más de Long Island.

“Es decir, que cuando se postulan para una posición política”, continuó Perales, “hablan de los inmigrantes diciendo que son personas que no debieran estar en la comunidad, etcétera”. Añadió que como resultado de esta práctica, que por cierto acabamos de veer repetidamente en la recién concluida campaña por la presidencia de Estados Unidos, así como por asientos en las legislaturas federales y locales de este país, “los jóvenes blancos norteamericanos creen que esos latinos inmigrantes no debieran estar ahí, en esa comunidad”.

Esto, sostiene el presidente de Justicia Latina, genera en la mentalidad en  estos jóvenes de vocación pandillera, “de creer que tienen licencia para insultar y atacar físicamente a los latinos”. Dice también que a él no le sorprende que las cosas hayan llegado a un punto “en el que esas pandillas salgan a las calles a buscar inmigrantes latinos para atacarlos físicamente”.

Como defensor y representante legal de innumerables casos de odio racial, Perales culpa a los políticos  “que crean esa atmósfera, ese clima, que le dice a la juventud, ‘estas personas no merecen estar aquí con nosotros, tenemos que sacarlas de aquí’”.

La familia de Lucero busca que se haga justicia, y se hallan en una situación desesperada.  Y aprovechando la extensa cobertura que están dando los medios en inglés y en español al caso, ha surgido una serie de denuncias de ataques similares de los parroquianos del lugar. Una de las familiares de Lucero dijo por ejemplo a la televisión que en ocasiones pasadas han llevado quejas a las autoridades locales de ataques de odio racial, pero que “uno tras otro se mueren ahí”, en el escritorio de dichas autoridades ‘competentes’; y se pregunta: “¿A quién tenemos que recurrir para que nos hagan caso?”. Otros lamentan que tengan que pasar estos” terribles” incidentes para que se de a conocer el clima de racismo que se viven en diversos rincones del país.

Por eso, y atendiendo a una solicitud de la familia de Lucero, Perales dijo también  que se han pedido formalmente a través de una carta al gobierno federal que realice una investigación. Y que se van a reunir ellos para explicarles qué es lo se requiere que hagan; “porque la familia no confía en las autoridades ni en el fiscal local,  y nos han pedido que el gobierno federal intervenga y haga una investigación propia, y de ser necesario finque cargos en contra de esas personas”.

La familia de Lucero dice estar dispuesta a ir hasta el final, hasta conseguir que se haga justicia en este caso de Marcelo Lucero, mientras están pidiendo ayuda económica a la comunidad para expatriar los restos del occiso a Gualaceo, Ecuador, su pueblo natal, donde su madre y demás hermanos quieren que sea sepultado.