Dos de los cuatro dos adolescentes anglosajones que mataron a golpes al inmigrante indocumentado mexicano, Luís Ramírez en Shenandoah, Pennsylvania, el 12 de julio de 2008, fueron sentenciados a cumplir sólo de seis a 23 meses en una cárcel del condado de Schuylkill. 

Peor aún, es posible que sólo cumplan seis o siete meses de cárcel por un crimen de claros visos raciales que solamente un jurado integrado enteramente por anglosajones no consideró como tal.   

Pero no es sorprendente porque ya el balde de agua fría nos cayó cuando en mayo pasado otro jurado exoneró a los jóvenes de los delitos más graves de asesinato, asalto agravado e intimidación racial, y los encontró culpables de "asalto simple". 

Testigos aseguran que antes y durante la fatal golpiza que le propinaron a Ramírez los individuos proferían todo tipo de insultos raciales. 

El juez William E. Baldwin sentenció a Brandon Piekarsky, de 17 años de edad, a servir de seis a 23 meses de prisión, y a Derrick Donchak, de 19 años de edad, a servir de siete a 23 meses de cárcel. Veintitrés meses es la pena máxima por el delito de asalto simple. 

"Veintitrés meses es la sentencia máxima, pero seis meses es lo mínimo y puede ser que sólo pasen seis o siete meses en la cárcel. Y seis o siete meses de cárcel no es la sentencia adecuada por matar a un ser humano", declaró Gloria Limón, abogada del Fondo Mexicoamericano de Defensa Legal y Educación (MALDEF). 

Otro crimen de intolerancia racial que queda impune (hasta ahora). 

Esta semana la Conferencia de Liderazgo sobre Derechos Civiles (LCCC) presentó un estudio que detalla el alza de los delitos de intolerancia racial contra los hispanos en Estados Unidos y afirma que hay una correlación entre dicho aumento y la intensificación de la discusión en torno a la reforma migratoria. 

Según la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), entre 2003 y 2007 hubo un alza de 40% en los delitos de intolerancia racial contra los hispanos en Estados Unidos. 

Si a nivel estatal hay impunidad, el próximo paso en la búsqueda de justicia es a nivel federal. MALDEF entregaría al Departamento de Justicia que encabeza Eric Holder más de 50 mil firmas de personas solicitando que se presenten cargos federales por violación de derechos civiles contra estos dos jóvenes. Incluso el gobernador de Pennsylvania, el demócrata, Ed Rendell solicitó la intervención del Departamento de Justicia. 

Ojalá que Holder actúe pronto. Como dicen, justicia tardía es justicia denegada, y en el caso Ramírez la justicia ha sido inexistente. 

Maribel Hastings es Senior Advisor de America’s Voice