  |
 |
|
|
Noticias sobre inmigración
|
 Imprime este artículo |
 Envía a un amigo |
| Denuncian escrutinio de estatus migratorio en prisión de un condado de Virginia |
|
|
Además de los males que acarrea esta suerte de terrorismo de Estado efectuado por Inmigración y Aduanas contra los indocumentados, el Washington Post citó a Ricardo Juárez, de Mexicanos sin Fronteras, quien culpa a estas políticas de destruir la confianza que le cuesta tan caro construir a la policía local con la comunidad
|
|
| [unknown placeholder $article.art_field11$] | |
| En una puntual y responsable cobertura periodística sobre la suerte de ‘terrorismo de estado’ que el Departamento de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha venido desatado últimamente contra la comunidad inmigrante indocumentada a lo largo y ancho de Estados Unidos, el Washington Post denunció ayer (8/9/07) que el martes pasado la Junta de Supervisores del Condado Prince Williams se acercó a la posibilidad de convertirse en el primer condado de la nación que contaría con una fuerza de trabajo para revisar el estatus migratorio de los presos, a quienes echaría del país si resultaran ser indocumentados, desde luego tras cumplir sus sentencias. Este es otro flanco del espinoso asunto que estremece a la comunidad inmigrante de Estados Unidos en estos momentos, perseguida con enjundia por las autoridades federales como nunca antes en tiempos de “paz” en este país. Este propósito del referido condado, para expurgar a su población carcelaria derivó de una votación unánime de la Junta de Supervisores en Prince Williams para incluir en el presupuesto del próximo año fiscal el salario de una fuerza especial dedicada al escrutinio del estatus migratorio de los reos, así como los gastos administrativos del proceso hasta concluir con las subsecuentes deportaciones de quienes resulten hallados indocumentados. Además de los males que acarrea esta suerte de terrorismo de Estado efectuado por Inmigración y Aduanas contra los indocumentados, el Post citó al activista comunitario, Ricardo Juárez, de la organización, Mexicanos sin Fronteras, quien culpa a estas políticas de destruir la confianza que le cuesta tan caro construir a la policía local con la comunidad. La iniciativa sólo requeriría del condado la cantidad de 220 mil dólares, para comenzar, de llegar a un acuerdo con ICE. La idea no es nueva, dice el Post, pues varios condados de Virginia han contemplado la posibilidad de pedir a ICE entrenamiento en esta materia para sus respectivos cuerpos policiales. Además, forma parte del contexto general actual, de persecución que las autoridades federales llevan a cabo contra la comunidad inmigrantes indocumentada que proviene principalmente del “sur”. Esto, a pesar de la existencia de una mayoría demócrata en el Congreso (en ambas cámaras), y de la dudosa retórica del presidente George W. Bush respecto a una reforma migratoria presuntamente deseada por su administración, la persecución existe, y están sembrando el miedo o el terror en la población inmigrante principalmente de origen latino. La cobertura del citado periódico capitalino ha sido amplia y detallada, y ha dejado de manifiesto el repudio a este tipo de políticas del gobierno federal contra una comunidad que de acuerdo a prolijos estudios académicos ha demostrado ser parte importante –por decir lo menos- del desarrollo económico de esta nación. El servicio informativo de Radio Bilingüe, Noticiero Latino, Línea Abierta y sus diversos programas especiales han dado cuenta de esta envestida oficial, y cuestionado la utilidad que este tipo de acciones puedan reportar a quienes tras la presunta defensa de sus fronteras y la seguridad nacional de su patria, por lo demás sentimientos legítimos de cualquier nación, persiguen intereses político electorales. No obstante, como ya quedó demostrado en el pasado, tras las multitudinarias marchas de los inmigrantes por la reforma migratoria en la primavera pasada, el revés electoral fue más que elocuente. Y en el ámbito de lo laboral, la pérdida reciente de muchas cosechas por la falta de mano de obra tradicionalmente provista por los inmigrantes del sur, o también la merma en la industria hotelera, de la construcción, etcétera, por que los inmigrantes no asisten al trabajo pues se hallan atemorizados y agazapados en su hogares para no ser deportados, también debió haber enviado un poderoso mensaje sobre lo peligroso de dichas políticas oficiales de persecución. En esta ocasión hablaremos sólo de un aspecto señalado por el referido artículo de ayer en el Washington Post, que atañe a una de las organizaciones latinas, Mexicanos sin Fronteras, misma que ha estado dando la lucha contra la persecución y el terror que intentan sembrar –con relativo y temporal éxito- en la comunidad inmigrantes las autoridades federales. En el mencionado artículo el periódico sostiene que algunos residentes de dicha localidad han comenzado a expresar descontento con la medida, y cita al activista Ricardo Juárez, de Woodbridge, en abierta oposición a dichas políticas de ICE y el acuerdo con las autoridades de Prince Williams. “El acuerdo fomentará la desconfianza entre la comunidad inmigrante y la policía local”, dice el activista. Noticiero Latino entrevistó ayer (8/2/07) por teléfono a Juárez, sobre el efecto de estas políticas en la comunidad general de ese condado. “Bueno, día con día se ha estado construyendo una confianza entre la comunidad y la policía, debido a que la comunidad inmigrante es víctima del crimen” también, apuntó Juárez. “Sin embargo”, agregó, “el hecho de inmiscuir a las policías locales en asuntos de migración provoca que esa confianza se rompa, se destruya, debido a que el estatus migratorio de un porcentaje muy grande de nuestra comunidad sería tomado como parte sustancial en los casos de asuntos criminales; y personas inocentes de crímenes podrían ser arrestadas, procesadas y deportadas aun cuando no hayan cometido lo que constituye un crimen o una felonía”. Vale recordar que la tristemente célebre “ley Sensebrenner”, o la pieza legislativa aprobada en diciembre de 2005 por el Congreso federal, la HR 4437 le da un carácter criminal a una violación de carácter civil, como es cruzar la frontera o asistir a un indocumentado dentro de este país. “Por otro lado”, prosigue Juárez, “existe la posibilidad de que estos convenios (entrenamiento de policías locales para ejercer funciones de agente de migración) se usen indiscriminadamente, y que personas que se hallan detenidas puedan ser abusadas en sus derechos civiles y humanos”. Juárez sostiene que los grupos comunitarios de defensa de los inmigrantes ven con “recelo y suspicacia” la posibilidad de que policías locales asuman funciones de “la migra”, porque, dice, “no hay una tradición en que asuntos criminales o federales se tengan que mezclar con la participación de la policía en asuntos civiles”. Abunda en que existe la percepción general de que “se está desatando una campaña en términos legales para proveer de recursos legales a la persecución”; es decir, afirma el activista, para legalizar la persecución de quienes ha emigrado aquí por razones socioeconómicas. “Entonces, esto quiere decir que se está criminalizando básicamente el hecho de ser inmigrante”. Y denunció que aun las iglesias y agrupaciones, como la conocida, Ciudadanos Americanos, “se rehúsan a aceptar que nosotros los emigrantes, independientemente de nuestro estatus seamos tratados como criminales”. Pero, ¿qué se está haciendo en la localidad para combatir o contrarrestar este tipo de ataques contra los inmigrantes? “A través de las organizaciones”, declaró Juárez, “las distintas comunidades están participando en una serie de movilizaciones en diferentes frentes”. En el caso de Mexicanos sin Fronteras, “hemos promovido el diálogo público, y privado con autoridades”, para convencerlas, dijo, de la “inoperancia” de las referidas medidas persecutorias. Agregó: “También ha habido movilizaciones, como marchas y vigilias”, la semana pasada miembros de esta organización, con la participación del propio Juárez realizaron una huelga de hambre frente a la sede de la Asamblea Legislativa de Virginia, “porque esta campaña está sembrando el terror en la comunidad, y estaría legalizando la criminalización de la comunidad y fomentando la persecución no sólo contra los inmigrantes sino también contra quienes les ayudan”; y por eso –dice-, están desarrollando fuertes campañas de cabildeo con los legisladores, y además del diálogo público y privado con las autoridades, “estamos previendo interponer recurso legales ante las instancias que convenga en este momento, si es que algunas medidas de esas que se aprueben (en Prince Williams), atentan contra los derechos civiles y humanos de las personas”, concluyo el activista. |
|
 Join our mailing list |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
| © 2011 Radio Bilingüe, Inc. All rights reserved. Privacy Policy. |