La firma de abogados, Altshuler Berzon, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Arizona, El Fondo México Americano para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF), y el Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC), se unieron ayer para someter ante una corte federal una demanda judicial, en representación de Chicanos por la Causa y Somos América, contra  la nueva ley de Arizona que amenaza a los empleadores con perder permanentemente la licencia de sus negocios, en base a “nuevos reglamentos inválidos del Estado”.

“Los estatutos de Arizona atentan con pisotear la ley federal sobre el empleo de inmigrantes”, afirma en un comunicado Omar Jadwat, abogado del Proyecto de derecho Inmigrantes, de ACLU. “si estados como Arizona pueden aprobar sus propias leyes de migración, tanto empleadores como trabajadores pueden enfrentar tramposamente conflictos y requerimientos incompatibles, basado en políticas y condiciones locales, lo que hace imposible tener una política nacional significativa”, declaró el abogado.

Dicha ley viola además la enmienda 14 de la constitución, porque priva a los trabajadores de su derecho a procesos legales, de acuerdo con los grupos que sometieron la demanda. “Se vuelve fácil entonces para los propietarios y empleadores de Arizona discriminar contra todo aquel sospechoso de ser extranjero, en lugar de los riesgos y multas asociados a faltas o incumplimiento con la ley”, sostuvo por su parte Alexandra Soler Metes, directora ejecutiva de ACLU Arizona, quien agrega “que esta no es la manera como el país (EU) opera. Nosotros hacemos leyes para prohibir la discriminación, no para discriminar a la gente”.

La demanda señala el conflicto de la referida ley de Arizona (The Legal Arizona Workers Act) con la ley federal de inmigración de Estados Unidos y con la Constitución, pues dicha ley local requiere que los empleadores verifiquen la elegibilidad de sus empleados, a través de un defectuoso banco federal de datos (The Basic Pilot Program), que el congreso pretendió implementar de forma involuntaria y que sin embargo impone sanciones más allá de los límites permisibles por el gobierno federal.

Bajo las leyes federales la participación el mencionado Basic Pilot Program es voluntaria. Requerir a los empleadores de Arizona usar el programa, Legal Arizona Workers Act tergiversa la Constitución y somete a todo empleado, independientemente de su estatus legal. Particularmente a los latinos los somete a potencial discriminación, basa en aspectos de la raza, la etnicidad o nacionalidad”, afirma Kritina Campbell, del concejo Regional de Los Ángeles, que lidera el equipo de abogados de MALDEF en este caso legal.

La ley requiere de los empleadores firmar en el Programa Piloto Básico (the Basic Pilot Program), renombrado recientemente como “E-Verify”, voluntario y experimental, que gradualmente se ha ido expandiendo hasta cubrir aproximadamente a 17 mil empleadores en todo el país. “Este programa ha estado plagado de problemas, incluido el fracaso para verificar la identidad de trabajadores legalmente autorizados a trabajar, debido a la extrema confianza que mantiene este programa en su sistema de verificación, acosado por los propios errores del sistema de verificación de la Administración del Seguro Social y del Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security), que carece de recursos suficientes para monitorear quejas de empleadores”, asegura Linton Joaquín, de NILC, quien además representa a demandantes en este caso. “La ley de Arizona requiere  que de 130 a 150 mil empleadores adopten este programa defectuoso, y esto es verdaderamente una receta para el desastre que generará penas y estragos a los trabajadores autorizados legalmente”.

Además de Campbell, Jadwat y Joaquín, el caso incluye a los abogados Stephen Berzon y Jonathan Weissglass, de Altshuler Berzon; Cynthia Valenzuela, de MALDEF; Marielena Hincapié, Monica T. Guizar, y Karen C. Tumlin de NILC; Daniel Pochoda dethe ACLU Arizona; y Lucas Guttentag y Jennifer Chang de ACLU Immigrants' Rights Project.

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